Podemos ser pioneros en América Latina en el reconocimiento de los desplazados climáticos: nuevas sentencias de la Corte Constitucional y un proyecto de ley en el Congreso, acercan más al país a ser el único en el continente en tener herramientas para proteger a quienes enfrenten el impacto del cambio climático en su vida cotidiana.
En un país como Colombia, marcado por décadas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, la violencia y el narcotráfico, surge una nueva paradoja: sin haber resuelto aún el drama del desplazamiento interno, ahora debemos prepararnos para enfrentar una nueva ola de éxodos, esta vez provocados por el cambio climático.
Con costas, selvas y montañas en riesgo, el impacto del aumento del nivel del mar y de eventos climáticos extremos, amenaza con desplazar a miles de colombianos. Nos encontramos en una encrucijada histórica que exige actuar rápidamente para diseñar políticas de protección y prevención. Colombia, como nación resiliente, debe ahora voltear la mirada hacia el desplazamiento climático y enfrentar este nuevo reto con decisión y visión.
El desarrollo de una visión antropocentrista hizo creer a los humanos que la naturaleza estaba a su servicio y que había que cuidarla para garantizar su existencia. El paso de los años, los cambios en el ambiente y las nuevas construcciones de relaciones entre el humano y su entorno han conducido a pensar visiones más ecocéntricas en las que la naturaleza es el centro y eje de las decisiones éticas y políticas.
En paralelo, la crisis climática ha golpeado fuertemente al mundo y nos ha llevado a replantearnos nuestra relación con la naturaleza y a comprender que el momento de actuar es ya, así se ha establecido por parte del IPCC[1] que señala en uno de sus últimos informes que el cambio climático es una amenaza para el bienestar de la humanidad y se requiere adoptar medidas inmediatas[2], pues la naturaleza tiene voz y este es el único planeta en el que podemos vivir.
Las nuevas realidades revelan la importancia de adoptar medidas frente al cambio climático. En mayo cerca de 300 familias de la isla Cartí Sugdup ubicada en Panamá[3], se convirtieron en los primeros desplazados climáticos de la región. Situación que se puede presentar en ciudades colombianas como Santa Marta, Buenaventura, entre otras. Según Climate Central, estas ciudades podrían desaparecer por el aumento de los niveles del mar[4].
El Banco Mundial también estima que podrían existir hasta 216 millones de desplazados por razones climáticas a 2050. Por su parte el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) señaló en su último estudio que el número total de personas que viven en situación de desplazamiento interno aumentó un 51% en los últimos 5 años, alcanzando un récord de 75,9 millones de personas en 116 países a finales de 2023, Colombia registró el segundo mayor número de desplazamientos por desastres en la región con 351.000.
Lo anterior deja en evidencia que las discusiones mundiales están cambiando y los marcos jurídicos deben reconocer nuevas realidades, como lo es el desplazamiento forzado por causas climáticas.
En Colombia, la Corte Constitucional mediante las Sentencias T-246 de 2023 y la T-123 de 2024 comprendió la importancia de este fenómeno y ordenó al Congreso de la República el avanzar en el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, la creación de un registro y la existencia de una política pública que incluya medidas de cuidado y protección de los desplazados climáticos y las comunidades receptoras.
Estas sentencias complementaron el trabajo realizado desde el Congreso de la República por parte del Representante a la Cámara, Duvalier Sanchez Arango, quien radicó en octubre de 2022 un proyecto de ley que reconoce el desplazamiento por causas climáticas y fija lineamientos para su identificación y atención; de ser aprobada, Colombia sería país pionero en este reconocimiento y estaría a la vanguardia de las nuevas relaciones y dinámicas entre las comunidades y el cambio climático.
El liderazgo en la presentación de esta iniciativa legislativa no sólo marca un hito en el reconocimiento de los desplazados climáticos, sino que pone a Colombia a la vanguardia de los derechos humanos y ambientales en la región. Proteger a quienes enfrentan el desplazamiento por causas climáticas es esencial para garantizar la justicia y la equidad en un país donde el cambio climático ya cobra sus primeras víctimas. Con esta ley, no sólo se brindará una respuesta integral a quienes más lo necesitan, sino que también se establecerá un precedente que impulse a otros países a actuar. Así, Colombia no solo protegerá su territorio y a sus habitantes, sino que se convertirá en un referente de innovación social y responsabilidad ambiental en América Latina.
[1] El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático –IPCC- fue creado en 1988 con el objetivo de facilitar las evaluaciones del estado de conocimiento científico, técnico y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuestas.
[2] IPCC. (2023). “Informe de síntesis del AR6: Cambio climático 2023”. Recuperado de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
[3] Climate Tracker. (Julio 5 de 2024). “Desplazados climáticos: la historia detrás de las 300 familias que abandonaron su isla en Panamá por el aumento del nivel del mar”. Recuperado de: https://climatetrackerlatam.org/historias/desplazados-climaticos-la-historia-detras-de-las-300-familias-que-abandonaron-su-isla-en-panama-por-el-aumento-del-nivel-del-mar/
[4] Climate Central. “Herramienta de detección de riesgos costeros”. Recuperado de: https://coastal.climatecentral.org/es/map/7/-61.2196/6.6313/?theme=water_level&map_type=water_level_above_mhhw&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&refresh=true&water_level=1.0&water_unit=m
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